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AENA y el sindicato de controladores USCA acordaron ayer volver a la mesa de negociación del convenio en 15 días, según informó una portavoz de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, que añade que las conversaciones se realizarán en el nuevo marco normativo, en referencia al decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.
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Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) negó hoy que la operativa de calibración realizado el pasado domingo en el aeropuerto de Madrid-Barajas haya sufrido 'injerencias' operativas por parte del gestor aeroportuario, tal y como denunció hoy la Asociación Sindical de Controladores Aéreos (USCA).
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Air Europa romperá el monopolio de Iberia en el enlace aéreo con Madrid con una oferta de vuelos que, a partir del 1 de junio, contará con ocho frecuencias diarias y unos horarios competitivos, con salidas de Asturias a primera hora de la mañana y llegadas previstas para después de las diez de la noche.
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"Nada impide que Aena saque mañana una convocatoria y contrate a 300 controladores europeos", ha señalado el presidente de la entidad pública, Juan Ignacio Lema. La réplica del sindicato de controladores Usca ha sido que son necesarios entre tres y seis meses para habilitar a un profesional, ya que hay que seguir unos trámites administrativos.
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El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, aseguró que "la reforma de la Ley de Navegación Aérea es una auténtica barbaridad" que deja en "inseguridad jurídica" a medio millón de personas que "se verán obligados a soportar ruidos por encima de los índices permitidos y sin ningún tipo de control".
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Los controladores aéreos siguen calentando motores y apretando las tuercas del ministro de Fomento, José Blanco, de cara a la negociación del convenio colectivo. La amenaza ya está lanzada y hace daño donde más duele: en el tráfico aéreo de Semana Santa.
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Última actualización el Miércoles, 10 de Febrero de 2010 12:10 |
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En el último ejercicio con cuentas presentadas, el gasto salarial supuso un desembolso de 1.017 millones de euros, a los que añadir 171 millones de cargas sociales. De este importe no sólo se beneficiaron los 2.335 controladores, si no mucho más, y es que en una empresa de 14.400 empleados hay 1.796 personas con cargo de directivos y otros 25 privilegiados altos directivos.
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